Al PRESIDENTE DEL GOBIERNO, vicepresidentes y ministros de Justicia,
Interior, Industria y Cultura, carta abierta publicada en
http://www.cita.es/apedanica/gobierno

Sobre el PLAN INTEGRAL EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL anunciado
por el GOBIERNO tras el consejo de ministros del viernes 8 de abril de
2005, deseamos manifestar lo siguiente:

1.- Hemos publicado el texto distribuido por el Gobierno en
http://www.cita.es/pirata

2.- La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA),
está valorando el PLAN y haciendo públicos algunos preocupantes
pronósticos. APEDANICA, constituida en 1992, se presenta con sus
estatutos y algunos escritos aportados a procedimientos judiciales en
http://www.cita.es/apedanica

3.- La experiencia pericial en conflictos, pleitos, y especialmente, en
el enjuiciamiento criminal de los últimos años nos hace alertar de
los siguientes RIESGOS:

· Los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado pueden ser muy
fácilmente corrompibles por multinacionales, y no sólo por pagos
directos, sino mucho más por muy sutiles compensaciones o motivaciones
relacionadas con la tecnología y la información más sensible, la
formación especializada incluso de familiares y amigos, o el acceso
privilegiado a innovaciones, documentaciones o claves. Algunos
policías son capaces de auténticas atrocidades si se lo pide un
director de márketing durante un viaje internacional. Se denuncie o
no, hay una peligrosísima delincuencia que vive de la persecución de
presuntos delitos contra la propiedad intelectual (hay manuales en
inglés para el llamado "Law enforcement" en España carentes de la
más elemental ética, deontología o moralidad), de la misma manera
que también se ha delinquido en la lucha contra el terrorismo, con una
gran diferencia en que, en esta última, ya hay condenas firmes.
Podemos dar datos muy concretos al respecto.

· Los juzgados y tribunales tienen que enjuiciar miles de
procedimientos complejos en los que los denunciantes técnicamente
hacen muy poco esfuerzo probatorio, y en los que los fiscales tienen
actitudes, intenciones y prioridades muy diversas. Podemos comparar
docenas de casos esencialmente asemejables con gran variedad de
resultados que, desde la perspectiva pericial por nombramiento de
oficio por el juzgado tienen en común el mal trato económico (puede
llegar a tardarse más de 8 años en cobrar la minuta de honorarios
periciales perdiéndose cualquier posibilidad de cobro en una
importante proporción de peritajes de oficio) y el desprecio judicial
del criterio del perito auténticamente imparcial, mientras que los
peritos que habitualmente se relacionan con los denunciantes
favoreciéndoles de manera descarada consiguen cobrar importantes
cantidades y sistematizar su trabajo pudiendo planificar muy bien su
actividad pericial. Así, los peritos parciales más malvados y
perversos prosperan y los más honrados se arruinan.

· La criminalización de ciertas tecnologías relacionadas con la
criptología o seguridad informática, y especialmente con su análisis
o estudio de vulnerabilidades, es muy peligrosa para el Estado. La
historia del hacking desde una perspectiva internacional acaba
comprometiendo, y mucho, a los servicios de inteligencia. No se puede
tolerar que la mera tenencia de programas criptoanalíticos sea
considerada un delito porque si así se hace, varios expertos del
Centro Criptológico Nacional del CNI y numerosos Guardias Civiles y
Policías que tienen la necesidad profesional de estudiarlos y
utilizarlos, también serían criminalizados. Lamentaríamos mucho
tener que dar nombres y datos, pero si alguien puede ir a prisión
injustamente, tal vez sea necesario hacer memoria suficientemente
precisa para que el procedimiento judicial no satanice a unos por lo
mismo que otros reciben condecoraciones, ascensos y reconocimiento
público. Es un error aplicar las mismas técnicas de la lucha contra
el terrorismo o el narcotráfico a la represión de la piratería, por
muy organizada que esté. Si se hace, las consecuencias pueden ser
jurídicamente imprevisibles.

· Los materiales y artículos incautados por orden judicial no siempre
son "piratas". Hay varios casos en los que miles de artículos
denunciados finalmente han tenido que ser devueltos muy deteriorados, o
han desaparecido de los almacenes. Tenemos noticia de alguno en el que
se ha tenido que indemnizar a los legítimos propietarios por mal
funcionamiento de la Administración de Justicia. En este sentido,
desde hace tiempo nos hacemos la pregunta: ¿Dónde están los equipos
informáticos y sistemas de producción de CDs y DVDs (duplicadoras)
incautadas en los últimos años?

Estaremos muy atentos a cuantas noticias puedan producirse en relación
al anuncio de ayer "El Fiscal General del Estado dictará instrucciones
para unificar criterios en el tratamiento del delito y se va a
constituir un grupo policial específico sobre delitos relacionados con
la propiedad intelectual". Hemos conocido muy diversos tipos de
fiscales, y cada uno de ellos tiene un criterio distinto en relación a
la propiedad intelectual. Pero si los perjudicados, o ciertos
representantes y gestores de derechos de perjudicados, consiguen que la
fiscalía les haga todo el trabajo, estamos seguros de que habrá
errores judiciales. No se pueden pedir penas de cárcel por poderes. Es
el autor el que tiene que personarse en el procedimiento judicial para
algo tan grave como es pedir que alguien vaya a prisión por copiarle.
Las extorsiones, chantajes, querulancias y los delirios pleitistas más
costosos para la Administración de Justicia pueden ser legitimados por
unas medidas políticas ingenuas al servicio de temibles grupos de
presión. Algunos ministros, y muchos fiscales, saben muy bien a qué
se hace referencia aquí. Recomendamos lo que proponemos en
http://www.cita.es/tecnodelincuencia
y también una sensata reflexión sobre el texto distribuido por el
Gobierno, como PLAN INTEGRAL EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
publicado en http://www.cita.es/pirata

Para más información, puede contactarse directamente con:

Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, criminólogo y criptólogo en
WWW.CITA.ES
Curriculum Vitae con foto en http://www.cita.es/conmigo
Datos Mercantiles y Empresariales en http://www.cita.es/empresa
Presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos,
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
(APEDANICA) con presentación y estatutos en
http://www.cita.es/apedanica
Apartado (P.O. Box) 17083, E-28080 Madrid, Spain
Tel 914743809 Fax 914738197 Móvil 619.77.64.75
Carta abierta publicada en http://www.cita.es/apedanica/gobierno