Sobre la legislación "antiterrorista" de Bush

Jean-Claude Paye
Gara
El 17 de octubre de 2006 el presidente Bush firmó la Military
Comissions Act que legalizaba las comisiones militares, tribunales
militares creados por un decreto presidencial tras los atentados del 11
de setiembre. Para justificar la puesta en marcha de estas
jurisdicciones tan liberticidas que incluso violan el propio código
militar se apeló a la situación de urgencia. Esos tribunales se
crearon para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo para la
Administración pero sobre los que no se cuenta con pruebas aceptables
para la jurisdicción civil o militar.

El no derecho como base de un nuevo orden jurídico

Las comisiones militares pueden aceptar las pruebas por consentimiento
y confesiones arrancadas por medio de los malos tratos. Aunque se
prohíbe la tortura, se acepta «un cierto grado de coacción» y el
presidente de la comisión es quien determina la duración de los
interrogatorios. Igualmente se aceptan las «pruebas» obtenidas en
países en los que se practica la tortura. Recordemos qué clase de
«pruebas» permitieron hacer creer que Irak disponía de ar- mas de
destrucción masiva para justificar la invasión de ese país. El
sistema de deslocalización de la tortura, puesto en práctica por la
CIA, se legitima y la ley otorga protección jurídica a los
torturadores que se sitúan bajo el mando de la Administración
americana.
El sistema de comisiones militares reduce a papel mojado los derechos
de la defensa. El acusado no tiene derecho a elegir abogado. Este es un
militar encargado por el poder ejecutivo. El acusado puede quedar fuera
de determinadas fases del proceso por razones de seguridad nacional y
si algunas de las partes son clasificadas como secreto de defensa no
tiene acceso al su- mario. La ley no garantiza a los detenidos el
derecho a ser juzgados, ni siquiera ante la comisión militar. De esta
forma se salvaguarda la posibilidad otorgada al ministro de Justicia de
mantener indefinidamente en situación de detención admi- nistrativa a
cualquier extranjero sospechoso de terrorismo. Mientras que la
Executive Order de noviembre de 2001 creaba tribunales especiales
limitados a los extranjeros capturados fuera de territorio americano,
la Military Comissions Act se extiende a los extranjeros residentes en
EEUU.

Combatiente enemigo o enemigo del gobierno

Esta ley introduce en el Derecho la noción de enemigo combatiente
ilegal. Da a esta incriminación un carácter directamente político al
designar a «personas comprometidas en actividades hostiles hacia EEUU
o que favorecen voluntariamente y materialmente tales actividades...».
Esta definición es tan vaga que puede aplicarse incluso a movimientos
sociales y a acciones de desobediencia civil. Lo que es aún más grave
en tanto que la noción de combatiente enemigo se aplica también a los
nacionales. Los combatientes enemigos ilegales pueden ser transferidos
a las comisiones militares. Los combatientes enemigos de nacionalidad
americana pueden recurrir a la jurisdicción civil para solicitar un
Habeas Corpus.
El sistema de comisiones militares, destinado a juzgar a extranjeros,
contempla asimismo un sistema de recurso formal ante un tribunal civil.
El tribunal de apelación de Columbia es la única instancia civil
competente para tratar este tipo de casos. Pero este tribunal sólo
tiene competencia para verificar la validez del procedimiento, cuando
precisamente el procedimiento es la raíz del problema. No hay
investigación sobre la veracidad de los hechos imputados por la
acusación.

Esta ley que implementa las comisiones militares ha sido concebida
desde sus inicios para ser aplicada al conjunto de la población,
incluidos los ciudadanos nacionales. Vista la rapidez con la que ha
sido votada, la ley conserva los rasgos de ese objetivo inicial. La
noción de combatiente enemigo ilegal, que da fundamento a los
tribunales especia- les, incluye a los nacionales. Entre las
infracciones que pueden ser juzgadas por una comisión militar nos
encontramos con la que castiga a una persona que «debiendo fidelidad y
teniendo un deber hacia EEUU» apoya intencionadamente acciones
hostiles hacia este país o sus aliados. ¿Quién aparte de un
ciudadano norteamericano puede estar en esa situación de deber
fidelidad o de tener deber hacia los Estados Unidos?

Entre otras infracciones que pueden ser juzgadas por las comisiones
militares aparecen definiciones como el ataque a una propiedad o el
pillaje que atentan directamente a las luchas sociales, al transformar
en la práctica cualquier ocupación ilegal en acto de terrorismo. El
carácter directamente político de estos delitos es indicativo de la
intención original del gobierno de poder llevar a ciudadanos
americanos ante estas comisiones.

Un nuevo orden político

La introducción de la anomia en la ley hace que ésta no pueda ser
justificada en razón del estado de urgencia, tal como hace la
Executive Order de noviembre de 2001. La Military Commissions Act de
2006 extiende la excepción en el tiempo. Procede a una mutación en el
orden jurídico y político. Crea un derecho puramente subjetivo que se
deja en manos del poder ejecutivo. Este segundo puede designar a
cualquier persona como combatiente enemigo, nombrar a los jueces
militares y determinar el nivel de coacción en los interrogatorios.
Esta ley ofrece la oportunidad de criminalizar las acciones políticas
de los ciudadanos americanos y arroja al conjunto de los extranjeros,
sospechosos de terrorismo, a un sistema de violencia pura. Legaliza las
presiones, físicas y psicológicas, cercanas a la tortura. La ley
contempla la encarcelación administrativa, no limitada en el tiempo,
de extranjeros a los que se considera combatientes enemigos, o
autoriza, según con- veniencia de la Administración, a juzgarlos en
jurisdicciones de excepción. Esta ley no sólo afecta a individuos
capturados por EEUU o residentes en el país ya que, en el marco de los
acuerdos de extradición firmados en junio de 2003, toda persona de la
UE acusada de terrorismo podría ser puesta en manos de las autoridades
americanas para que le sea aplicado este derecho de excepción.

Este procedimiento se inscribe en un doble sistema jurídico: Estado de
derecho restringido para los americanos y violencia pura para los
extranjeros. Aunque el objetivo inicial del gobierno, la supresión del
Habeas Corpus para el conjunto de la población, no ha salido adelante,
como bien ha explicado el senador republicano Linsay Gram «este es un
buen inicio». -

Jean-Claude Paye es Sociólogo belga. Autor de "El fin del Estado de
Derecho. La cuestión"