Tras las elecciones municipales de abril de 1931, «sin duda alguna las
más libres y or-denadas de la historia española», los españoles
suprimieron la Monarquía y proclamaron el 14 de abril la (Segunda)
República. Era de carácter liberal-progresista, con ligera tendencia
hacia el Socialismo. A pesar de los continuos sabotajes por parte de
la derecha y de la ex-trema izquierda; a pesar de una situación
económica en quiebra, resultante de las condicio-nes anteriores, la
estabilidad política del joven Estado, de cuyo Parlamento formaban tam-
bién parte muchas celebridades científicas de ideología liberal-
socialista, permaneció en un primer momento a salvo. En dos años el
nuevo Gobierno llevó a cabo toda una serie de reformas que en otros
lugares hubieran tardado décadas enteras en realizarse: una ley penal,
una modernísima ley de divorcio, leyes sobre los derechos de la mujer,
comités de arbitraje, salarios mínimos y la implantación de las 48
horas de trabajo semanales. Lo más importan-te, sin embargo, fue la
reforma agraria, la expropiación de los grandes latifundios, la
duplicación del salario de los jornaleros y la construcción de casi
10.000 escuelas.
La ira popular y el derribo de la Monarquía golpearon también a un
clero estrechamen-te vinculado a la misma. «España ha dejado de ser
católica», declaraba el nuevo presidente Azaña, escritor y republicano
doctrinario, quien tras la quema en mayo de algunos conven-tos de
monjas manifestó: «Todas las iglesias juntas de España no valen lo que
vale la vida de un solo republicano». Y como quiera que el país no
sólo registraba gustosamente la pér-dida del monarca (éste se
apresuró, sin renunciar a sus derechos al trono, a huir a Marsella en
barco) sino que desterró asimismo al obispo de Vitoria y al cardenal
primado de Toledo, objeto de un odio especial; como quiera que se
dieron garantías para el derecho al culto y a la libertad de concien-
cia, estando asimismo prevista la separación de la Iglesia y del
Estado, la suspensión de cualquier tipo de subvenciones a las
asociaciones religiosas y la anulación de las partidas del presupusto
destinadas al sostenimiento del culto y la de la exención fiscal del
clero; como quiera que a monjes y monjas se les prohibió el ejercicio
del el comercio y de la en-señanza y la Compañía de Jesús fue disuelta
el 24 de enero de 1932 por una disposición que confiscaba además sus
bienes, el episcopado español se esforzó de inmediato por recuperar su
anterior posición, altamente privilegiada.
La Iglesia española protestó contra la libertad de conciencia y la
escuela laica. Natu-ralmente el Papa la secundó mediante la no
concesión del plácet al delegado del gobierno republicano y conjuró a
los nuevos gobernantes a volver sobre sus pasos, a la par que ape-laba
a la conciencia del clero y los seglares. Entretanto, los monárquicos,
apoyados por los grandes latifundistas y por la mayoría de los
oficiales, atizaban la violencia contra la Repú-blica y la clase
obrera. En 1932, el general Sanjurjo intentó, sin éxito, dar un golpe
de Esta-do en Sevilla y hubo de huir. Tanto los obispos españoles, en
su Carta.Pastoral del 25 de mayo («Declaración sobre la ley de
Confesiones religiosas»), como Pío XI, en su Encíclica del 3 de junio
Dilectissima nobis, exigieron ya en el año 1933 «una santa cruzada
para el pleno restablecimiento de los derechos eclesiásticos».
La contraofensiva clerical no quedó sin consecuencias. Como quiera que
el papa no vaciló en condenar al gobierno, por su ingratitud, y a sus
disposiciones hostiles a la Iglesia, declarándolas solemnemente como
nulas y contrarias al bien de ésta y al del propio Estado; como quiera
que el apiscopado llamaba a tambor batiente a la resistencia, a luchar
«contra los anticristos rojos» —como decía el cardenal Segura en un
llamamiento en el que exhor-taba a acabar con los enemigos del Reino
de Cristo— la opinión pública aún se les hizo más hostil y el
catolicismo más agresivo.
En febrero del mismo año y (algo que la mayoría ignora) a instancias
de Eugenio Pace-lli, se creó la Confederación Española de Derechas
Autónomas (CEDA). Este partido cali-ficaba de secundaria la cuestión
de la forma de gobierno, pero propagaba un «catolicismo social»
inspirado en las encíclicas de los últimos Papas, asi como la defensa
de Dios y de la Patria. Su «Jefe» tal como él mismo se hacía llamar
por sus partidarios, en analogía con los títulos de Duce y Führer, fue
José María Gil Robles, antiguo alumno de los salesianos, ad-mirador
militante de Hitler, cuyo órgano de prensa, Vólkische Beobachter,
escribía en homenaje a Gil Robles que «posee ante todo un órgano con
tal vozarrón, que le permite acallar los gritos de los más exacerbados
marxistas». (En 1936 transfirió al general golpista Mola 500.000
pesetas de los fondos de su Partido). Especialmente interesante es
esta confesión suya: «El problema religioso se estaba convirtiendo en
un estado de guerra con el peligro de un confrontamiento entre las dos
Españas».
El 29 de octubre del mismo año 1933, año que vio nacer a la CEDA, José
Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, y su hermana Pilar
fundaron la «Falange Española», promo-cionada por los jesuítas e
influida por el fascismo italiano. Éste apoyó económica-mente, a
partir de 1934, a este partido fascista español, al cual se incorporó,
ya antes del levantamiento, buena parte de las juventudes de la CEDA.
Uno de sus líderes fue Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y amigo
de Mussolini y de Hitler. Suñer desempeñaría más tarde los cargos de
ministro del interior y de asuntos exteriores y en 1942 fue
condecorado con la gran cruz de la orden «Pío IX». Dos meses más
tarde, él mismo hizo público que 15.000 soldados españoles luchaban en
el Frente del Este y que este número se elevaría a un millón si
Alemania lo deseaba así. La Falange ambicionaba un estado cristiano,
nacio-nal y totalitario. El antisemitismo fue una característica de
algunos de sus mentores ideoló-gicos. Más notoria aún fue su
admiración para con el fascismo y el nazismo.
La coalición gubernamental republicana-socialista colapso en otoño de
1933. La iz-quierda se presentó por separado a las urnas ya que el
partido socialista, confiado en su propia fuerza, fue en solitario a
las elecciones y fue batido por la derecha, que obtuvo la mayoría. La
contrarrevolución se estableció con el gabinete de Lerroux, antiguo
anticlerical, oportunista y ambicioso, capaz de aliarse ahora con la
derechista CEDA para ser jefe de gobierno. En su cargo de ministro de
la Guerra, Gil Robles facilitó —al delegar en el general Franco la
reorganización del ejército— el golpe militar de 1936. La policía se
componía especialmente de católicos, a los que se instruyó para
«aniquilar a los ateos, enemigos de la Iglesia».
Todos los avances conseguidos por la joven república fueron eliminados
durante este «bienio negro». Innumerables personas perdieron su
trabajo, su pan y su misma libertad, sin ningún tipo de proceso, sólo
por motivos políticos. El 5 de octubre de 1934 se convocó en Madrid y
en Barcelona una huelga general. Tuvieron lugar toda una serie de
revueltas locales, de manifestaciones multitudinarias y de
enfrentamientos callejeros. Bajo la influencia determinante de los
anarquistas, Cataluña se proclamó República autónoma y el País Vasco y
los mineros asturianos tomaron el camino de la rebelión. El Consejo de
Ministros declaró el estado de guerra y asesoradas por el general
Franco las tropas del ejército regular y la legión española de
Marruecos aplastaron violentamente los levantamientos. El jesuíta C.
Eguía expresaba venturoso en Civiltá Cattolica que: «gracias a la
energía y vigilancia del gobernador... la revuelta ha sido fácilmente
dominada y los grupos rebeldes, que huyeron a la zona minera, han sido
dispersados o aniquilados por la aviación y las tropas
gubernamentales... Es pues bien merecido el aplauso con el que Bilbao
celebró la tarea del gobernador y de las tropas». El órgano oficioso
del Vaticano calificaba a los trabajadores abatidos a tiros de
«asesinos», «incendiarios», «salvajes» y «bárbaros». Ese diario
silenciaba, sin embargo, que, desde la torre de la catedral de Oviedo
se combatió a tiros bajo las órdenes de sacerdotes. Tampoco mencionaba
las causas del levantamiento, es decir, la injusticia atroz, el hambre
terrible y la explotación. Para los jesuítas romanos la «única y
verdadera causa... no fue otra que esa peste revolucionaria que ha
infectado a España a través de conferencias, escri-tos y agitaciones
de demagogos e intelectuales de izquierda» y también de «ese gusto por
rebelarse contra la ordenación natural de las cosas». ¡Buen modo
jesuítico-vaticanista de ir al fondo de las cosas! ¡Análisis clerical
de las causas! Estaba claro: la rebelión latente de los oprimidos
exigía se procediese «radicalmente» contra ella. «La justicia debe ser
inexo-rable, antes que nada contra los principales responsables, y
después contra todos los de-más». El diario del «Santo Padre» exigía
«penas colectivas» (!).
Los levantamientos fueron aplastados, ahogados en sangre: más de mil
muertos y dos mil heridos en ambos bandos. Solamente durante los meses
de octubre y noviembre 30.000 hombres y mujeres perdieron su libertad.
A la cárcel vino a sumarse en no pocos casos la tortura. El mismo
periodista Luis Sirval, que informó de todo ello, fue encarcelado y
asesinado por tres oficiales.