30-07-2008

Walden Bello
Sin Permiso


Desesperado por cerrar un nuevo tratado global comercial, el jefe de
la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy, está planeando
convocar una reunión «mini-ministerial» en la tercera semana de julio..
La intención es salir de ella con acuerdos comerciales para la
liberalización de mercados en la agricultura, la industria y los
servicios, los cuales han sido el foco de atención de los llamados
Acuerdos de Doha de la OMC que se vienen alargando desde 2001. Los
gobiernos de los países más desarrollados han acordado justamente
textos que se refieren a ilusorias promesas de reducción de los
subsidios en agricultura en la Unión Europea y en los Estados Unidos,
lo que necesita de ambos que recorten sus aranceles industriales
proporcionalmente más que los países en vías de desarrollo. Se
permitirían, no sólo a sí mismos, malos acuerdos que pondrían en un
grave aprieto al sector servicios, incluyendo actividades tan vitales
como la provisión de agua, la energía y la intermediación financiera.
Mientras la atención global se ha centrado en las charlas sobre los
subsidios agrícolas y los aranceles industriales, los Estados Unidos y
la Unión Europea han puesto de manifiesto que no aceptarán ningún
paquete de medidas que no incluya los servicios.

Como ha dejado tajantemente claro hace poco la representante de
comercio de los Estados Unidos, Susan Schwab, Washington «no aceptará
unas medidas de Doha que no incluyan unos resultados ambiciosos en la
liberalización de los servicios que conlleven resultados
comercialmente significativos».

Mientras Schwab describe los servicios como el primo pobre de la
agricultura y la industria, un posible resultado es un acuerdo en
materia de servicios que no vaya acompañado de otros en agricultura e
industria. Con la polarización entre el norte y el sur en agricultura
e industria, salvando los acuerdos sobre servicios de Doha, que
representan entre un 50 y un 60% de la actividad económica de los
países más desarrollados, puede ser una opción más que atractiva para
los EE.UU y la UE.

El Acuerdo General de Mercados de Servicios (General Agreement on
Trade in Services, GATS), exige a los países conceder el mismo
tratamiento a los proveedores de servicios extranjeros que a las
empresas locales. No obstante, los países en desarrollo se muestran
poco dispuestos a hacer esto, debido a su actual mínima capacidad de
regular los negocios transnacionales. Sus temores han sido ventilados
por problemas actuales del sistema financiero, y se encuentran con la
ausencia de regularización global de los operadores financieros de los
países desarrollados.

Si bien los servicios financieros son sólo uno de los muchos que cubre
el GATS, los EE.UU y la UE han hecho un sector financiero liberalizado
con importantes demandas en los países en desarrollo. Se ha revelado
que la UE ha pedido que algunos países en desarrollo eliminen las
regulaciones sobre las actividades de los hedge funds, las
agrupaciones financieras que fueron las causantes del colapso del baht
[moneda tailandesa, N. de la R.] en 1997.

La UE también ha pedido a México que abra sus mercados a los
“derivados”, inseguros instrumentos financieros que han jugado un
papel importantísimo en el caos financiero actual.

Muchos países en vías de desarrollo reciben con los brazos abiertos el
capital extranjero, pero han aprendido lo costosa que resulta la
presencia de una fuerte financiación extranjera, pues supone un fuerte
régimen de regulación a la medida de sus particulares necesidades y
capacidades.

Fue la indiscriminada eliminación de los controles del capital en
estas regiones por orden del Fondo Monetario Internacional y el
Departamento de Hacienda de los EE.UU la que causó la devastadora
crisis financiera asiática. Con prácticamente todos los controles del
capital suprimidos y las leyes de inversión liberalizadas, casi 100
mil millones de dólares americanos desembocaron en las economías
asiáticas entre 1993 y 1997, con el capital tendiendo hacia áreas de
alto y rápido beneficio, como el del mercado de valores de bienes
inmuebles.

Con pocos controles hacia donde iban los fondos, la sobreinversión
pronto hundió las reservas y las economías domésticas, causando un
colapso de los precios y el consecuente trastorno para los tipos de
cambio, la balanza de pagos y la balanza comercial. Llevados por el
pánico, los especuladores huyeron por la primera salida que vieron.
Con las leyes de entrada y salida liberalizadas, los gobiernos no
tenían manera —exceptuando a Malasia, que desafió al FMI e impuso
controles de capital— para parar la estampida; y los 100 mil millones
de dólares, que desaparecieron de la región en pocas semanas en el
verano de 1997, conllevaron una chirriante parada del crecimiento
económico desde Corea hasta Indonesia.

Después de la crisis financiera asiática, la de Argentina, y el crack
del dot.com entre 2000 y 2002, todos ellos causados por las burbujas
especulativas y la falta de regulación financiera, uno podría pensar
que las autoridades de los países desarrollados harían hincapié en la
regulación de las actividades de los actores financieros globales.

Sin embargo, la financiación global se resistió a cualquier movimiento
hacia una regulación efectiva. Si bien se levantaron voces que pedían
controles a la proliferación de los instrumentos financieros como los
“derivados”, esto nunca se consiguió. La evaluación y regulación de
los “derivados” iba a dejarse en manos de los agentes del mercado,
quienes supuestamente tenían acceso a sofisticados modelos de
«evaluación de riesgos» cuantitativos que traerían el desarrollo.

Arrasados por las consecuencias de esta desregulación financiera,
muchos países en desarrollo no se sorprendieron cuando la
autorregulación les condujo a una burbuja inmobiliaria que cuando
explotó puso al sistema global de finanzas al borde del colapso.

Una de las más conocidas escenas de las antiguas películas de oeste es
esa en la que un tren acelera hacia una colisión inminente con otro,
con la mano sin vida del maquinista, al que unos bandidos han
disparado, apoyada sin remedio sobre el acelerador. El desarrollo
actual de las finanzas globales es una reminiscencia de esa escena.

El consenso global está formando una re-regulación del sector
financiero. Pero la despreocupación por este consenso emergente y el
caos financiero alrededor de él de los países desarrollados que
negocian en la OMC, es como la mano muerta del maquinista, continúa
acelerando, presionando a los países en desarrollo para hacer acuerdos
en materia de servicios que liberalicen drásticamente su sector
financiero.

Los países en desarrollo conducirían el tren a la colisión de la que
naturalmente sobrevendrá la determinación de los EEUU y la UE de
conseguir la liberalización financiera global a cualquier precio.
Aquéllos no deberían conformarse con un acuerdo del sector servicios
que comprometiera su capacidad para regular sus propios sectores
financieros y otros servicios.

Lo que deben hacer es decir no a los acuerdos arancelarios en
agricultura e industria que les sitúan en unas condiciones injustas, y
deben también no tomar parte en los acuerdos sobre el sector servicios
que no les reportaría otra cosa que ser arrastrados a una terrorífica
espiral de desregularización financiera global.

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Walden Bello es profesor de Sociología en la Universidad de Filipinas
y alto analista del Global South, instituto de investigación de la
Universidad de Chulalongkorn en Bangkok.

Traducción para www.sinpermiso.info : Juan José Mediavilla