A quien pueda interesar (especialmente ingenieros, arquitectos e
informáticos):

El pasado lunes 2 se registró en el Tribunal de Defensa de la
Competencia de la Comunidad de Madrid una denuncia por COMPETENCIA
DESLEAL contra la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), cuyo
documento está publicado íntegro en http://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf
y también en http://www.cita.es/denuncia.pdf

Agradeceré comentarios y difusión entre tecnólogos ejerciendo
libremente su profesión y también entre empresarios de ingeniería,
informática y arquitectura que consideren que la UPM compite
deslealmente al utilizar recursos públicos bajo la dirección y
responsabilidad de funcionarios con dedicación completa, para competir
deslealmente con los que sólo vivimos de emitir y cobrar facturas, y
no de nóminas seguras con sobresueldos incontrolables. El caso de los
peritajes que se referencian en http://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf
es particularmente escandaloso, pero tenemos noticia de algunos
proyectos, e incluso direcciones de obra, que pueden ampliar la
denuncia, incluso a otras universidades y entidades de derecho público
que compiten, o permiten que sus funcionarios compitan, deslealmente.
Recomiendo también leer:
http://www.cita.es/peritos/incompatibles
http://www.cita.es/corrupciones/peri...universitarias
y http://www.cita.es/competencia/desleal

Mi empresa y yo estamos decididos a recurrir cualquier archivo que
pueda resolver el Tribunal de Defensa de la Competencia de la
Comunidad de Madrid y nos reservamos algunas acciones más.

http://www.miguelgallardo.es
en http://www.cita.es
como responsables del escrito publicado en http://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf

Hoy jueves 12 de abril el diario económico EXPANSIÓN dedica toda na
página a este asunto (que puedo enviar en formato PDF a quien me lo
solicite), con el siguiente texto:

El sector privado carga contra la competencia de la Universidad
Pública Las claves

el caso llega al tribunal de defensa de la competencia de
Madrid

Los ingenieros denuncian la 'incompatibilidad' de los catedráticos y
profesores para realizar trabajos e informes. Exigen que se limite la
concurrencia de las Universidades a los contratos públicos.
david gracia.
Madrid
Informes periciales, servicios jurídicos, convenios de colaboración
con la Administración, etc. La Universidad Pública está cada vez más
presente en un abanico de actividades que, en ocasiones, traspasan la
barrera docente para acercarse a la empresarial.
Los ingenieros y asociaciones de profesionales han denunciado
reiteradamente la 'competencia desleal' de los catedráticos y
funcionarios públicos frente a las empresas que se dedican a prestar
este tipo de servicios especializados.
'Está claro que las universidades están haciendo cosas para las que no
se han creado', argumenta Carlos Amor, director de Análisis y
Desarrollo de Tecniberia/Asince, patronal que agrupa a las grandes
empresas de ingeniería de España. Amor considera que la nueva Ley de
Contratos Públicos que se está tramitando en el Congreso puede incluso
'fomentar más' la situaciones de competencia desleal.
Este conflicto de intereses ha llegado ya a los tribunales.
Miguel Angel Gallardo, ingeniero de minas ha presentado una denuncia
ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid por los
informes periciales y servicios jurídicos que varios profesores de la
Universidad Politécnica de Madrid realizan. 'Los funcionarios con
dedicación completa, tanto si son docentes como si no, están haciendo
competencia desleal, entre otros motivos, porque utilizan recursos
públicos materiales y humanos e incumplen la normativa sobre
incompati- bilidades para ganar sobresueldos nunca controlados por la
institución para la que trabajan', explica Gallardo.
Durante años, las Administraciones han utilizado la figura de la
encomienda de gestión para adjudicar contratos a empresas públicas,
esquivando así los concursos habituales a los que concurren el resto
de compañías privadas. En el caso de las Universidades, la
Administración recurre a los convenios de colaboración para asignarle
tareas y servicios que desarrollan empresas en el mercado libre.
Varias asociaciones del terciario avanzado se han quejado
insistentemente porque, en su opinión, estos trabajos no sólo se
realizan con apoyo administrativo, sino que, además, se cobran a
precios inferiores a los de mercado.
El proyecto de Ley de Contratos Públicos, según Amor, 'fomenta la
competencia desleal' de las Universidades y Organismos Públicas 'al
eximirles de la exigencia de clasificación administrativa para
contratar; o cuando refuerza la indefinición que presenta la
encomienda de gestión'. El director de Análisis de Tecniberia/Asince
explica que la utilización abusiva de esta figura 'como instrumento de
adjudicación de contratos a medios propios de la Administración podría
considerarse un fraude' a la legislación europea, ya que elimina los
concursos públicos a los que deberían concurrir el resto de empresas.
Los servicios jurídicos de la UPM aseguran según consta en la denuncia
presentada ante el TDC de Madrid que es 'legal' que sus catedráticos
cobren por elaborar informes y que éstos sean patrocinados por la
Universidad, que se lleva una parte de los honorarios. Además,
argumentan que este tipo de trabajos ayuda a que los profesores 'no se
vayan de la Universidad Pública a la empresa privada'.
Sin embargo, según fuentes del sector, esto 'evidencia un acuerdo
ilícito en la Universidad para autorizar a sus catedráticos y
profesores a realizar informes periciales'. Y denuncia que viola la
Ley de Incompatibilidades del personal de las Administraciones
Públicas.
Este tipo de prácticas son comunes en otros países. Pero la situación
específica de España ha sido criticada incluso desde el extranjero.
La Federación Panamericana de Consultores decía recientemente que la
Universidad española 'compite deslealmente, usando las instalaciones,
equipos de enseñanza y tiempo de sus alumnos y profesores', alentando
'el lucro antes que la excelencia académica'.
Límites legales
Por todos estos motivos, Tecniberia/Asince cree necesario limitar la
concurrencia de las Universidades y organismos públicos de
investigación en los concursos para la contratación de servicios.
Sobre todo, aquellos que poseen un carácter intelectual, como los de
informática; investigación y desarrollo; estudios y encuestas de
opinión pública; arquitectura; ingeniería; planificación urbanística,
etc.
En caso de que puedan participar en estos concursos, 'al menos, que
sea en igualdad de condiciones', afirma Amor. Es decir, cumpliendo los
filtros que se exigen a las empresas.

La patronal de las grandes empresas de ingeniería, Tecniberia/Asince,
denuncia que con la nueva Ley de Contratos Públicos se va a 'fomentar
más' la competencia desleal de Universidades y organismos públicos.

La ley 'exime' a éstos de la 'clasificación administrativa' para
contratar. Es decir, de los requisitos y límites que la ley impone a
cualquier empresa privada que desarrolle un contrato de servicios.
La patronal cree que la Ley debería 'limitar la concurrencia' de
universidades a los procedimientos de licitación, para que no puedan
participar en los concursos de contratos de 'servicios
intelectuales'.
Además, señalan que la ley refuerza la 'indefinición' de la encomienda
de gestión, una figura utilizada por la Administración para adjudicar
contratos a sus propios organismos.

> http://www.miguelgallardo.es
> en http://www.cita.es
> como responsables del escrito publicado enhttp://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf

Hoy jueves 12 de abril el diario económico EXPANSIÓN dedica toda na
página a este asunto (que puedo enviar en formato PDF a quien me lo
solicite), con el siguiente texto:

El sector privado carga contra la competencia de la Universidad
Pública Las claves

el caso llega al tribunal de defensa de la competencia de
Madrid

Los ingenieros denuncian la 'incompatibilidad' de los catedráticos y
profesores para realizar trabajos e informes. Exigen que se limite la
concurrencia de las Universidades a los contratos públicos.
david gracia.
Madrid
Informes periciales, servicios jurídicos, convenios de colaboración
con la Administración, etc. La Universidad Pública está cada vez más
presente en un abanico de actividades que, en ocasiones, traspasan la
barrera docente para acercarse a la empresarial.
Los ingenieros y asociaciones de profesionales han denunciado
reiteradamente la 'competencia desleal' de los catedráticos y
funcionarios públicos frente a las empresas que se dedican a prestar
este tipo de servicios especializados.
'Está claro que las universidades están haciendo cosas para las que no
se han creado', argumenta Carlos Amor, director de Análisis y
Desarrollo de Tecniberia/Asince, patronal que agrupa a las grandes
empresas de ingeniería de España. Amor considera que la nueva Ley de
Contratos Públicos que se está tramitando en el Congreso puede incluso
'fomentar más' la situaciones de competencia desleal.
Este conflicto de intereses ha llegado ya a los tribunales.
Miguel Angel Gallardo, ingeniero de minas ha presentado una denuncia
ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid por los
informes periciales y servicios jurídicos que varios profesores de la
Universidad Politécnica de Madrid realizan. 'Los funcionarios con
dedicación completa, tanto si son docentes como si no, están haciendo
competencia desleal, entre otros motivos, porque utilizan recursos
públicos materiales y humanos e incumplen la normativa sobre
incompati- bilidades para ganar sobresueldos nunca controlados por la
institución para la que trabajan', explica Gallardo.
Durante años, las Administraciones han utilizado la figura de la
encomienda de gestión para adjudicar contratos a empresas públicas,
esquivando así los concursos habituales a los que concurren el resto
de compañías privadas. En el caso de las Universidades, la
Administración recurre a los convenios de colaboración para asignarle
tareas y servicios que desarrollan empresas en el mercado libre.
Varias asociaciones del terciario avanzado se han quejado
insistentemente porque, en su opinión, estos trabajos no sólo se
realizan con apoyo administrativo, sino que, además, se cobran a
precios inferiores a los de mercado.
El proyecto de Ley de Contratos Públicos, según Amor, 'fomenta la
competencia desleal' de las Universidades y Organismos Públicas 'al
eximirles de la exigencia de clasificación administrativa para
contratar; o cuando refuerza la indefinición que presenta la
encomienda de gestión'. El director de Análisis de Tecniberia/Asince
explica que la utilización abusiva de esta figura 'como instrumento de
adjudicación de contratos a medios propios de la Administración podría
considerarse un fraude' a la legislación europea, ya que elimina los
concursos públicos a los que deberían concurrir el resto de empresas.
Los servicios jurídicos de la UPM aseguran según consta en la denuncia
presentada ante el TDC de Madrid que es 'legal' que sus catedráticos
cobren por elaborar informes y que éstos sean patrocinados por la
Universidad, que se lleva una parte de los honorarios. Además,
argumentan que este tipo de trabajos ayuda a que los profesores 'no se
vayan de la Universidad Pública a la empresa privada'.
Sin embargo, según fuentes del sector, esto 'evidencia un acuerdo
ilícito en la Universidad para autorizar a sus catedráticos y
profesores a realizar informes periciales'. Y denuncia que viola la
Ley de Incompatibilidades del personal de las Administraciones
Públicas.
Este tipo de prácticas son comunes en otros países. Pero la situación
específica de España ha sido criticada incluso desde el extranjero.
La Federación Panamericana de Consultores decía recientemente que la
Universidad española 'compite deslealmente, usando las instalaciones,
equipos de enseñanza y tiempo de sus alumnos y profesores', alentando
'el lucro antes que la excelencia académica'.
Límites legales
Por todos estos motivos, Tecniberia/Asince cree necesario limitar la
concurrencia de las Universidades y organismos públicos de
investigación en los concursos para la contratación de servicios.
Sobre todo, aquellos que poseen un carácter intelectual, como los de
informática; investigación y desarrollo; estudios y encuestas de
opinión pública; arquitectura; ingeniería; planificación urbanística,
etc.
En caso de que puedan participar en estos concursos, 'al menos, que
sea en igualdad de condiciones', afirma Amor. Es decir, cumpliendo los
filtros que se exigen a las empresas.

La patronal de las grandes empresas de ingeniería, Tecniberia/Asince,
denuncia que con la nueva Ley de Contratos Públicos se va a 'fomentar
más' la competencia desleal de Universidades y organismos públicos.

La ley 'exime' a éstos de la 'clasificación administrativa' para
contratar. Es decir, de los requisitos y límites que la ley impone a
cualquier empresa privada que desarrolle un contrato de servicios.
La patronal cree que la Ley debería 'limitar la concurrencia' de
universidades a los procedimientos de licitación, para que no puedan
participar en los concursos de contratos de 'servicios
intelectuales'.
Además, señalan que la ley refuerza la 'indefinición' de la encomienda
de gestión, una figura utilizada por la Administración para adjudicar
contratos a sus propios organismos.

> http://www.miguelgallardo.es
> en http://www.cita.es
> como responsables del escrito publicado enhttp://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf